La rectora Julieta Castellanos fustigó a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia por su “indisposición” para acelerar la depuración policial.
La rectora señaló: “Quienes no quieren una depuración policial son los policías y las élites que se benefician de una Policía corrupta y criminal”.
Por eso, en el Ministerio Público no se ve la disposición de “proceder a judicializar los casos. No vemos esa disposición”.
Cuestionó las acciones de la Corte Suprema de Justicia. Mencionó la decisión que tomaron cuando recibieron (en junio de 2012) un recurso de amparo en contra de las pruebas de confianza y lo aceptó hasta en diciembre.
“Ese es un mensaje de indisposición que obviamente favorece a los que no quieren una depuración policial”, reiteró.
Lamentó que en la DIECP comenzó a funcionar con muchas debilidades porque “faltaba liderazgo” de quien la dirigía y porque “no hubo claridad de cómo hacer las cosas”.
Les pidió ayer a las autoridades del sistema de justicia que la investigación sobre el rastreo de bienes de tres altos oficiales y un exoficial de la Policía llegue a las últimas consecuencias.
Peligro latente
La rectora expresó que a escala internacional hay preocupación por lo que ocurre en el país.
Compartió que en Estados Unidos hay voces de congresistas que piden que se le suspenda la ayuda al país, “algo que no comparto porque quien sufre es el pueblo”.
Señaló que es necesario que el país se sume a iniciativas regionales para combatir enemigos comunes como el crimen organizado y el narcotráfico.
Castellanos apuntó que se debe conocer y aprender de lo bueno que están haciendo países como Nicaragua y El Salvador. “Si no hay coherencia en el sistema de justicia, la depuración policial va a fallar”, advirtió Castellanos.
El proceso de la depuración policial comenzó a finales de 2011, luego del asesinato de dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora, a manos de elementos policiales.
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