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Operadores de justicia admiten que colapsó la investigación criminal en Honduras


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Tegucigalpa. Entre ironías y actitudes soberbias, se presentó ayer al Congreso el fiscal general de Honduras, Luis Rubí, para ser interrogado por los diputados por motivo del desempeño que ha tenido al frente del Ministerio Público.

Durante dos horas, el funcionario dio explicaciones de por qué la institución que rectora ha sido incapaz de frenar la ola de violencia que ha azotado al país y de no evacuar la mora investigativa que tiene.
Sobre el tema, declaró que sólo pueden resolver 20 de cada 100 casos que ingresan al Ministerio Público y alegó que “al no haber capacidad logística, no se pueden evacuar todos los casos.
Mientras los diputados hacían preguntas al fiscal, éste miraba en otras direcciones; no hizo apuntes sobre los cuestionamientos hechos por los legisladores y cada vez que se le daba la palabra, decía incoherencias y en más de una ocasión, golpeó el micrófono en actitud confrontativa.
Amenazó al diputado de Unificación Democrática, Sergio Castellanos, de mandarlo preso si no iba a su oficina a decirle los cuestionamientos que el parlamentario hizo en torno a función ejercida por Rubí.
En cuanto a las preguntas efectuadas por miembros de sociedad civil, el alto funcionario no supo responderlas y en más de una ocasión, tuvo que recurrir a la directora de Fiscales, Danelia Ferrera, para que “diera más detalles” sobre los cuatro años de labor en el Ministerio Público.
Por si fuera poco, pasó la mayor parte de la audiencia quejándose porque no tenía presupuesto para proseguir en la investigación de todos los casos y volvió a justificar que sólo el 20 por ciento de los expedientes son resueltos.
Además, justificó la impunidad que reina en Honduras al sostener que “en este país el mejor negocio es dedicarse a la delincuencia”.
Por su parte, Aurora Rodríguez, madre del estudiante asesinado por policías Carlos Pineda, lamentó que a la fecha la institución no haya hecho justicia.
“Tengo miedo de regresar al Ministerio Público y que la directora de fiscales (Danelia Ferrera) me diga que mi hijo se suicidó”, reprochó la acongojada madre.
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, criticó a Rubí Ávila al decirle que “el Estado se ha conformado con quedarse con los bienes materiales y ha renunciado a la persecución penal, me siento apenada que usted se conforme con las migajas que le quita al crimen organizado”.
Al momento de ser abordado por los Globo TV, Canal 36 y este medio, prefirió no abordar el tema y ante la insistencia de los comunicadores, el fiscal general manifestó que “vine a decir la verdad”.
INTERPELAN A JEFE POLICIAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD
Minutos después de la comparecencia del abogado Rubí, el director de la Policía Nacional y el secretario de Seguridad, Juan Carlos Bonilla y Pompeyo Bonilla, respectivamente, dieron la cara para explicar sobre la extrema violencia que azota al país.
Argumentaron que la falta de combate a la criminalidad es porque no tienen 10 mil policías para reducir la incidencia delictiva y señalaron que esa deficiencia estará cubierta entre 2020 y 2022.
En tanto, el general Bonilla pidió a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que de inmediato se realicen las pruebas de confianza a la cúpula del organismo de seguridad.
Para hoy se tiene previsto que comparezca ante el Parlamento el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera y para la próxima semana han sido convocados el secretario de Defensa, Marlon Pascua, y el jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio para que den su versión sobre la violencia que asola Honduras.



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